El 1 de enero de 2026 marca un antes y un después en la gestión de pagos con tarjeta en España y la Unión Europea. Con la actualización de la Ley General Tributaria y la implementación de directivas comunitarias, Hacienda refuerza su vigilancia, mientras la normativa de privacidad refuerza los derechos de los ciudadanos.
Este artículo ofrece un análisis completo de los cambios, el impacto en la protección de datos y las herramientas de autogestión digital disponibles para mantener tu información segura y tu vida financiera al día.
A partir de enero, la Ley General Tributaria se alinea con la Directiva UE y la Ley 11/2021 para intensificar la lucha contra la economía sumergida. Hacienda vigilará todas las tarjetas con movimientos superiores al umbral de control de 25.000 euros anuales, sumando cargos, abonos, recargas y retiros.
La medida afecta a tarjetas de crédito, débito, prepago y virtuales, tanto en compras físicas como online. Autónomos y empresas no disponen de umbral mínimo: todos sus movimientos se informarán sin excepción.
Se suprime el antiguo límite de 3.000 euros para cobros con tarjeta, y los bancos remitirán información de cuentas, tarjetas y Bizum de forma mensual. No obstante, las operaciones particulares de Bizum quedan fuera si la tarjeta asociada no alcanza los 25.000 euros anuales.
La proliferación de datos bancarios obliga a las entidades a cumplir con el RGPD y la LOPDGDD. Aunque estos datos no se consideran sensibles, su tratamiento masivo exige estrictas garantías.
Se asienta la actuación sobre el consentimiento expreso para el tratamiento y el artículo 6 del RGPD, con cláusulas adicionales al abrir o modificar cuentas.
La AEPD impone sanciones severas por cesión indebida de datos, falta de medidas de seguridad o incumplimiento en la designación del DPO.
La inminente PSD3 refuerza la autenticación y exige nuevas medidas de seguridad avanzadas: monitorización en tiempo real, cifrado extremo a extremo y auditorías continuas.
En la primera mitad de 2025 se registraron más de 8.000 incidentes de seguridad, con alrededor de 345 millones de registros expuestos. Los proveedores de servicios de pago (PSP) reportan estas violaciones a la EBA, segmentando fraudes por tipo de comercio y región.
El Open Banking evoluciona hacia esquemas de consentimiento granular y revocable, brindando al usuario control total sobre quién accede a sus datos y para qué finalidad. La interoperabilidad entre bancos incentivará la innovación sin sacrificar la privacidad.
La coexistencia de APIs estandarizadas y protocolos cifrados garantizará que los servicios financieros avanzados aprovechen la información sin exponerla a terceros no autorizados.
Para navegar con seguridad y aprovechar al máximo las nuevas regulaciones, sigue estas recomendaciones:
Con estos pasos, podrás equilibrar de forma inteligente el cumplimiento tributario y la salvaguarda de tu privacidad, adaptándote al panorama digital que define 2026.
Referencias
