Imagínate a Marta, propietaria de una pequeña fábrica de muebles artesanales en Galicia. Cada mes, dedica horas interminables a recopilar documentos, interpretar disposiciones y presentar informes. Pese a su pasión y talento, siente que más de 200.000 normas adoptadas le cierran puertas y reducen sus metas a simples trámites.
Esta realidad no es un caso aislado. En España, la sobrerregulación —con un un 22% de aumento en 2022— ha creado un laberinto jurídico que paraliza proyectos y atemoriza a quienes apuestan por la innovación. Sin embargo, lejos de concebirla como un obstáculo, podemos convertirla en un filtro estratégico y eficiente para tomar decisiones con seguridad y ambición.
Según un informe del Banco de España, el incremento de un 10% de nuevas regulaciones en un ejercicio se traduce en un descenso del 0,5% en el empleo de empresas con menos de diez trabajadores. Al año siguiente, el empleo sectorial baja un 0,28% y la tasa de entrada de nuevas firmas cae 1,7 puntos porcentuales.
La disparidad regional es notable. Andalucía y Cataluña, con un mayor volumen normativo, perderían un 1,41% de empleo y un 0,25% de empresas si alcanzaran la agilidad regulatoria de Madrid o el País Vasco. A escala nacional, los obstáculos al mercado único restan el 3,5% del PIB; la fragmentación autonómica, otro 3,5%, sumando un impacto de 90.000 millones de euros, o 4.660 euros por hogar.
Estas estadísticas afectan al 36% de la actividad económica, a 1,9 millones de empresas y a 9,8 millones de trabajadores. De mantenerse la tendencia, se pronostica la pérdida de 100.000 empleos en la próxima década.
Un ejemplo paradigmático es la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que eleva los requisitos de datos de 80 a 1.125 variables, con gran parte de la carga informativa no cuantitativa. El resultado: un aluvión de informes anuales que consumen recursos y desvían la atención de la estrategia central de las compañías.
Las pymes, como la fábrica de Marta, sufren costes de cumplimiento crecientes que pueden representar hasta el 5% de su facturación anual. La falta de departamentos especializados convierte cada novedad normativa en una posible sanción o demora en la producción.
En contraste, las grandes corporaciones asignan millones a equipos de cumplimiento y sistemas de auditoría interna. No obstante, este blindaje no las exime de elevados costos operativos y continuos ajustes en calidad, logística y recursos humanos.
Una encuesta de 2024 muestra que el 31% de más de 6.500 empresas consideraba la regulación un impulso al crecimiento en 2017, frente al 44,5% en 2013. Hoy, cerca del 70% la percibe como un freno a la inversión, reflejo de la desconfianza y el agotamiento que genera la volatilidad normativa.
En lugar de huir del entorno legal, conviene adoptarlo como aliado para filtrar riesgos y oportunidades. La regulación define los límites legales, establece estándares de calidad y promueve buenas prácticas. Comprenderla a fondo permite diseñar proyectos con mayor probabilidad de éxito y menor exposición a sanciones.
La convergencia de criterios nacionales y autonómicos, junto a herramientas digitales de tramitación única, facilita la comprensión y el cumplimiento, transformando la normativa en un motor de mejora continua.
No se trata de reducir el número de normas, sino de reforzar la calidad y la coordinación interna en su elaboración. Una regulación más clara, evaluada y simplificada elimina solapamientos y acelera trámites.
Beneficios esperados para la economía incluyen un alza en la creación de empresas, empleo de calidad, mayor productividad y una competitividad sostenible a largo plazo.
Para lograrlo, las instituciones pueden adoptar medidas como:
En paralelo, las empresas deben desarrollar sistemas de gobernanza de datos sólidos para gestionar el creciente volumen de información. Una estrategia de datos eficaz convierte la inteligencia normativa en ventaja competitiva.
La regulación, bien diseñada, puede actuar como un filtro estratégico y eficiente que proteja derechos, impulse la innovación y garantice la calidad. Lograrlo exige coordinación entre administraciones, evaluación continua de resultados y el despliegue de herramientas digitales.
Solo así los emprendedores y directivos podrán mirar más allá de la burocracia, transformar las normas en oportunidades y construir un futuro económico basado en la confianza, la sostenibilidad y el crecimiento compartido.
Referencias
